Escrito por: Jorge Luis Montero Cornejo, Ex-Viceministro de Minas del MINEM

Hace pocas semanas la segunda empresa del cobre más importante del Perú, Antamina, con una  producción anual de 450,000 TMF detuvo sus molinos durante 12 días por la activa oposición de  una comunidad campesina 60 kilómetros distante, dejando de producir 144 millones de dólares en concentrados y más de 20 millones de dólares en impuestos a la renta. Hace pocos días, la  tercera empresa del cobre más importante del Perú, Las Bambas, con una producción anual de  420,000 TMF ha anunciado la suspensión indefinida de sus actividades a partir de mediados de diciembre por los constantes bloqueos de carreteras. Nunca antes ha sucedido algo así con la  minería peruana a gran escala. 

Entre ambos lamentables acontecimientos, el Ejecutivo anunció la decisión de no renovar los  permisos y las autorizaciones para la exploración y la explotación minera en el sur de Ayacucho,  imponiendo un cierre de minas prematuro a 4 operaciones en marcha, una de las cuales fue  incendiada pocos días antes. La supuesta defensa política de las jalcas altoandinas (cabeceras  de cuenca) justificó el violento portazo en la cara a estas minas. A pesar de las contramarchas  posteriores del Ejecutivo, cuya factura aún no hemos pagado, nunca antes ha sucedido algo así con la minería peruana a mediana escala. 

Mientras tanto, la minería a pequeña escala, mayoritariamente informal y con frecuencia ilegal, subsiste precariamente con muy pocos incentivos para transformarse y atrapada en el laberinto  del  Registro  Integral  de  Formalización  Minera  (REINFO), una  puerta  siempre  abierta  para legalizar  la  comercialización  de  oro  nativo  de cualquier  procedencia.  Estos pequeños  y  numerosos  negocios mineros  probablemente representen  más  empleo  que toda  la  minería  formal (>200,000  puestos  de  trabajo)  pero  con  graves  daños ambientales por  el  uso  indiscriminado del mercurio, explotación de personas, evasión tributaria y un constante desafío al Estado de Derecho. Entre los años 2015 y 2019, el MINEM registró una producción total de  720.41 toneladas de oro, sin embargo, en el mismo período, el Perú exportó 2,242 toneladas de  oro  según  información  de  Aduanas.  Las  estadísticas  revelan  un  marcado  subregistro  en  la  producción de oro que provendría de la minería informal y/o de actividades extractivas ilegales. 

Este rápido vistazo de la minería peruana nos remarca, cuando menos, tres aspectos directos y  críticos de la gestión minera: un relacionamiento social insostenible, una normatividad confusa  respecto  a  la vida  útil  de  una  mina  y  su  cierre  progresivo, un  descuido  en  la  promoción  y  formalización  de  la  pequeña  minería y  minería  artesanal.  Estos asuntos desatendidos  o  inconclusos evidencian otros aspectos más específicos y de gran importancia: la necesidad de  impulsar la formulación de una Política Nacional de Minería que defina lineamientos, objetivos  y servicios públicos; concluir el reglamento de cierre de minas y el reglamento del fondo minero  para la pequeña minería y minería artesanal; acelerar la remediación de pasivos ambientales mineros; proponer una reforma técnica del canon, la consulta previa y ciertos aspectos de los  estudios  de  impacto  ambiental  (EIA); fortalecer los  servicios  del  INGEMMET;  y  promover  activamente una cartera de 14 proyectos de construcción-mina que podrían duplicar en 5 años  la producción nacional de cobre, el conductor fundamental de la electromovilidad y las energías  renovables. 

Finalmente, queremos recordar que el MINEM es la Institución pública con rectoría sobre tres  sub-sectores  fundamentales  para  la  economía  nacional:  minería,  energía  eléctrica,  hidrocarburos y gas natural, es decir, todo lo que tiene que ver directamente con la economía  familiar, las MYPES y el bienestar de los peruanos menos favorecidos. Los servicios del MINEM  deberían ser óptimos.

Es tarea del Gobierno velar por la sostenibilidad y competitividad de las principales actividades  económicas, articulando visiones, intereses y necesidades, en el marco del Estado de Derecho,  considerando que las circunstancias internacionales no aconsejan confrontar y debilitar sino,  por  el  contrario, actuar en  todo  aquello que  nos  haga  más  fuertes  y  resilientes  frente  a  la  adversidad. Hagamos que esto sea posible.