• Texto: Daniel Contreras Zuloaga

El derrame de petróleo frente a las costas de Ventanilla ocasionado por la empresa Repsol en enero de 2022 fue el peor desastre ecológico en el mar peruano en los últimos tiempos. Hoy en día, vacíos legales y un marco regulatorio insuficiente persisten. ¿Hemos aprendido la lección para que no se repita una nueva tragedia ecológica? 

Ha transcurrido ya más de un año y medio desde la tragedia ocurrida en la Refinería La Pampilla, cuando una embarcación operada por la empresa española Repsol derramó cerca de 12 mil barriles de petróleo en las costas de Ventanilla. Según peritajes llevados a cabo por la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de Lima Noroeste, la fuga fue causada por un exceso de presión, y se encontraron defectos en la infraestructura utilizada para el transporte del crudo. 

El derrame, considerado el peor desastre ecológico en el mar peruano en los últimos tiempos, afectó un área de más de 11 mil hectáreas desde Ventanilla hasta Chancay, incluyendo playas y áreas naturales protegidas. La presencia de crudo causó la muerte de diversos animales que habitan la zona, como los piqueros, el guanay y el pingüino de Humboldt. 

El desastre también tuvo un gran impacto negativo en la economía local. Más de 10 mil familias en la zona se vieron afectadas, debido a que el desastre paralizó actividades importantes como la pesca artesanal, la acuicultura y el turismo. 

Hoy en día, las organizaciones civiles temen que ocurra otro derrame y que no se haya aprendido de esta tragedia. Por su lado, los pescadores artesanales damnificados se sienten abandonados por el Estado.

El mes pasado, vecinos de Ancón, Ventanilla, Santa Rosa y Chancay denunciaron un nuevo derrame de petróleo en el litoral.

Respuesta tardía

Según un informe de la Defensoría del Pueblo publicado a un año de la tragedia, no solo Repsol no logró atender adecuadamente los impactos ambientales y sociales del derrame, sino que el propio Estado demostró graves deficiencias en la supervisión y adopción de medidas complementarias para atender sus impactos. 

La Defensoría también recomendó mejorar los estándares de calidad ambiental, el marco regulatorio y los mecanismos de prevención y respuesta, acelerar los procedimientos sancionadores, priorizar la atención y compensación de los afectados, la creación de un fondo para emergencias ambientales y la elaboración de un plan de manejo ambiental.

De acuerdo con la investigadora del INTE-PUCP, Patricia Urteaga, especialista en derecho ambiental, los funcionarios del gobierno reaccionaron tarde y de manera inadecuada al derrame, o sin el conocimiento necesario. 

“La respuesta fue lenta y careció de creatividad”, señala. “Algunos funcionarios públicos no sabían qué legislación aplicar. No sabían qué tipo de delito era, qué infracción administrativa correspondía o cómo utilizar la legislación internacional”, lamenta. 

Para Urteaga, debió haber existido una junta multisectorial para explorar otras respuestas, pues desde el punto de vista del derecho internacional, el derecho penal y el derecho civil habían numerosas opciones. 

Un problema que limita la capacidad del Estado para abordar desastres como este de manera integral es la manera en que está estructurado, explica la investigadora.

“¿Quién vela por los pescadores que se quedaron sin sustento? A pesar del apoyo de algunas ONGs, el Estado no intervino debido a que la negociación era entre la empresa y los pescadores. Es necesario revisar esta estructura y considerar quién apoyará a los damnificados en situaciones como esta”, afirma. 

Regulación insuficiente

Según Urteaga, gran parte de la regulación nacional en cuanto a la explotación de crudo está desactualizada y en contradicción con los objetivos relacionados con la protección del medio ambiente.

“La asignación de los lotes petroleros y los espacios donde se puede explotar petróleo no está adecuadamente regulada. No se establece claramente en qué zonas no se permite la explotación de petróleo, excepto en los Parques Nacionales, Santuarios Nacionales y Santuarios Históricos, que son Áreas Naturales Protegidas intangibles según SERNANP. En el resto del territorio se permite, lo que inevitablemente afecta a los ecosistemas”, precisa. 

De acuerdo con la investigadora, es importante cuestionar los criterios para determinar qué espacios pueden ser explotados para actividades como la extracción de petróleo. “Hay numerosas experiencias que demuestran que el mar no debería ser un espacio para actividades extractivas, como se ha visto en el golfo de México, California y las costas de España”, explica. 

La investigación científica indica que el petróleo puede permanecer en el mar durante largos periodos de tiempo. Un estudio mexicano demostró cómo ciertas moléculas del petróleo se mantienen estables durante un año cuando este se derrama en agua de mar en un laboratorio. 

“Si una industria está explotando petróleo en el mar y le ocurre lo mismo que a Repsol, ¿cómo regeneras ese espacio? Hay un vacío relacionado con la antigüedad de las normas de explotación extractiva y la poca importancia que se le da a la nueva legislación de protección del medio ambiente”, apunta Urteaga. 

Desequilibrio de poder

El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) ha interpuesto numerosas sanciones por derrames de petróleo, no solo en el caso de La Pampilla sino en incidentes ocurridos en cuencas de ríos de la Amazonía. “Es una de las pocas instituciones que funciona bien”, resalta Urteaga. 

Sin embargo, la investigadora precisa que la efectividad de estas sanciones se ve reducida por las estrategias legales a las que recurren las empresas responsables para dilatar los procesos judiciales. 

Este es el caso de Repsol, que además ha sido acusada de fragmentar a las asociaciones de víctimas y de no compensar adecuadamente las pérdidas causadas. A principios de año, la multinacional había apelado ya 5 multas, que acumulaban más de S/ 66 millones En julio, la ministra de Ambiente Albina Ruiz denunció que la empresa solo había pagado un 3% de los S/ 97 millones impuestos. 

Ante este contexto, Urteaga advierte que se corre el riesgo de que aparezcan más “zonas de sacrificio”, es decir, lugares donde el ecosistema se ve gravemente afectado debido a la falta de regulaciones para prevenir desastres ambientales.

En estas zonas, explica, existe un desequilibrio de poder, puesto que las comunidades locales no tienen los recursos ni los mecanismos para presentar una denuncia penal por un derrame de petróleo, o los medios para seguir el proceso. “En cambio, las empresas cuentan con el dinero, el tiempo y los recursos necesarios para defenderse. Este desequilibrio no está contemplado en la legislación”, indica. 

Para la investigadora, esta fragilidad en el ámbito regulatorio tiene que ver con la dependencia de países como el nuestro hacia las actividades extractivas, lo que implica brindar facilidades a las multinacionales y catalogar a los desastres ecológicos como “externalidades”.

“Esta dependencia determina la fortaleza de la legislación ambiental y cuánta importancia se le da al medio ambiente frente a la necesidad de explotar los recursos. Muchos ignoran este tipo de eventos y afirman que son ‘incidentes externos’. Lo mismo sucede en el caso de la Amazonía, donde se dice que son los mismos pueblos indígenas los que están interrumpiendo el funcionamiento del oleoducto”, puntualiza.