Las comunidades indígenas amazónicas luchan por sobrevivir en un contexto hostil para los bosques, los cuales están bajo la mira de economías ilegales. Esta lucha se empalma con una crisis judicial nacional y regional, así como la falta de aplicación de protocolos interculturales. Así lo explica Maritza Paredes, especialista en sociología política y del medio ambiente, e investigadora del INTE-PUCP.

Texto por Luciana Zunino

De acuerdo con  Paredes, el desarrollo de la Amazonía está fundamentalmente dirigido por economías ilegales, lo cual derivaría no solo en la pérdida de los bosques, sino en la generación de caos y de violencia en la parte más grande de nuestro territorio. Esto significa un punto de quiebre para los pueblos indígenas que habitan esta zona, a continuación los motivos, pero primero un poco de contexto.

El 29 de noviembre pasado, Quinto Inuma Alvarado, apu kichwa, fue asesinado en San Martín mientras regresaba de un evento de derechos humanos y ambientales en Ucayali. La coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) denunció el crímen mediante un comunicado, en el cual recuerdan que Inuma era amenazado por denunciar tala ilegal y narcotráfico en su región, razón por la cual había pedido garantías para su vida. En relación a ello, COICA agregó en su proclama que  “la falta de acciones concretas muestra la vulnerabilidad de los defensores y defensoras de los derechos del territorio y los derechos humanos”. Asimismo, exigió al Estado “declarar emergencia en áreas afectadas por actividades extractivas”. Inuma buscaba la titulación formal de su comunidad, Santa Rosillo de Yanayacu.

En esa línea, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) lleva un registro de los defensores indígenas asesinados entre 2012 y 2022, el cual contiene la cifra de 24 personas.  Este año se suman dos personas a la lista: Quinto Inuma y Santiago Contoricón, cuya historia será puesta en contexto en los siguientes párrafos. Aidesep se sumó a la denuncia de COICA, exigiendo que el Estado aplique medidas que “garanticen las vidas de los defensores y defensoras indígenas”. Una de estas medidas es la titulación de territorios nativos, lo cual buscaban varios líderes del registro de Aidesep.

Por otro lado, según Aidesep, del 2013 al 2023 fueron victimados 32 líderes y lideresas que defendían sus tierras de invasores y del narcotráfico. Pertenecían a comunidades nativas, las cuales luchan por sobrevivir en un entorno complejo, donde conviven la urgencia de satisfacer necesidades básicas con la ilegalidad y el afán de beneficio de empresas, personas o autoridades en un solo escenario: el bosque amazónico. La presencia de estas dinámicas en este ecosistema, según explica la experta, ha ido debilitando y fragmentando socialmente a las personas que lo habitan.

La fragmentación de las comunidades surge en el intento de trabajar para solventar, como se mencionó anteriormente, necesidades básicas de vida. Paredes detalla que, en zonas de frontera como el Vraem, no existen opciones polarizadas sino una “amplia escala de grises”, porque, según sus investigaciones, las personas indígenas se ven involucradas en situaciones de conflicto por habitar zonas de interés económico.

Las pocas oportunidades de trabajo derivan en que algunas personas acepten situaciones que no necesariamente van de acuerdo al tipo de desarrollo que quieren de manera colectiva para sus comunidades. A esta situación se suman otros factores y dinámicas, como la tala indiscriminada, minería ilegal, tráfico de personas y expansión de los monocultivos. Estas son actividades que se llevan a cabo desde hace décadas en la Amazonía de manera creciente, lo cual expone directamente a las comunidades nativas. 

De hecho, en muchas ocasiones la autodefensa del territorio indígena ha generado consecuencias letales para sus miembros, como es el caso del líder asháninka Santiago Contoricón, asesinado el 8 de abril de este año. El crimen sucedió a las afueras de su vivienda en Puerto Ocopa, parte de la zona del Vraem en Junín. Contoricón ocupó varios cargos públicos como alcalde distrital en Río Tambo, regidor en la Municipalidad Provincial de Satipo y dirigente del Comité de Autodefensa del Río Tambo. 

Otro crímen y consecuencia de las actividades mencionadas es el Caso Saweto, que data del 2014: cuatro líderes asháninkas defensores de su territorio, asediado por madereros ilegales, fueron asesinados en el distrito de Masisea, en Ucayali. Eran conocidos por buscar la titulación de sus tierras y denunciar actividades ilícitas como la tala ilegal. Sus nombres eran Edwin Chota, Leoncio Quintisima, Jorge Ríos y Francisco Pinedo.

Un círculo de violencia territorial

En un contexto donde distintos actores con mucho control del territorio buscan aprovecharlo económicamente, Paredes insiste en por qué los pueblos indígenas tienen desventajas para poder defenderse o ampararse en protocolos interculturales:

“Es muy complicado que cualquier política que defienda a las comunidades indígenas pueda tener un impacto positivo, dado que, en muchas ocasiones, el actor que debería actuar en defensa de estas personas (los Gobiernos Regionales, por ejemplo) mantiene flujos de colusión con quienes generan los círculos de violencia”. A ello le agrega que el problema también incluye el control político y estatal de los niveles subnacionales, “que se han ido perdiendo en distintas zonas”.

Sobre la hoja de coca, que es tema de una de las más recientes publicaciones de la investigadora, titulada “Cultivos ilícitos en los márgenes fronterizos: los medios de vida de los indígenas amazónicos y la expansión de la coca en el Perú”, señala que hay mucha presión para expandir su frontera agrícola, así como su comercialización.

A modo de reflexión final

Maritza Paredes concluye la entrevista con que, si bien la expansión de las economías ilegales es muy dinámica, “muchas de las comunidades indígenas están aprendiendo también a defenderse y a negociar por su cuenta, esto puede ahondar el problema, o mejorarlo, pero cuando la acción es colectiva a través de sus organizaciones territoriales,  es esperanzador”. Este es el caso de las organizaciones de defensores ambientales, que sin embargo aún no reciben garantías para la vida de sus miembros.