Escrito por: Mg. Fernando Bravo Alarcón. Docente del Departamento de Ciencias Sociales e Investigador INTE-PUCP.

En respuesta a una tendencia mundial, pero también a la necesidad política de concretar los compromisos internacionales que asumimos en materia climática, desde hace cuatro años el Congreso de la República viene intentando aprobar, fallidamente, una norma que regule la gestión pública sobre el cambio climático.

Empujados por la realización de la COP-20 en Lima, a fines de 2014, varios legisladores presentaron proyectos que planteaban una ley marco del cambio climático. Se contabilizó una docena de iniciativas que, pese a la coyuntura favorable, no se pusieron en agenda en el pleno del Congreso, lo que contradijo los discursos proclimáticos de muchos políticos aparentemente interesados.

Este año, presionados por los desastrosos sucesos derivados de El Niño costero y por una opinión pública conmovida por las calamidades, los parlamentarios del nuevo Congreso presentaron media docena de propuestas con el mismo objetivo, entre ellos un proyecto del Poder Ejecutivo.

Cuando se escucha a los congresistas referirse al cambio climático, todos manifiestan su preocupación por las implicancias que dicho fenómeno supondrá para el país, lo que es entendible. Nadie se muestra negacionista o escéptico. Es más, aunque no está científicamente probado, asumen que los trastornos perpetrados por El Niño costero son expresión temprana del cambio climático, por lo que se ven compelidos a desplegar acciones que van desde la presentación de iniciativas de ley, la creación de instancias de seguimiento y prevención ante emergencias climáticas, el apoyo directo a las poblaciones damnificadas y la presión al Ejecutivo por las labores de reconstrucción. Visto así, los políticos en el parlamento mal que bien reaccionan y hacen suyo el asunto climático.

El tan escurridizo consenso

Llama la atención, sin embargo, las dificultades que estos políticos enfrentan para ponerse de acuerdo en el instrumento normativo que regulará el cambio ambiental global al que se verá expuesto el territorio peruano. Por ejemplo, pese al contexto de emergencias que trajo El Niño costero desde marzo último, los legisladores de la Comisión de Ambiente y Ecología no pudieron aprobar el predictamen correspondiente. Fue sorprendente que, pese los discursos públicos de alarma que los congresistas vertían frente a los tristes episodios vividos en la costa norte y central del país, estos hayan dejado terminar la legislatura 2016-2017, que finalizó en junio, sin obtener un documento consensuado.

Ahora, en la legislatura 2017-2018, con el impacto mediático y político de El Niño costero en fase menguante y bajo una nueva conducción, la Comisión de Ambiente y Ecología acaba de poner en discusión otro predictamen sobre la ley de cambio climático. A diferencia de los debates vistos antes de junio, ha sido curioso el apuro exhibido por no pocos parlamentarios de la referida Comisión en buscar, ahora en noviembre, el consenso que lleve al Pleno del Congreso un dictamen aprobado. Semejante actitud se observó en los asesores del Ministerio del Ambiente (Minam), quienes, con el afán de obtener los votos necesarios, se han venido mostrando muy solícitos con la bancada mayoritaria fujimorista, pues sin esta no habría ley.

Como en la política las casualidades no tienen lugar, es bueno recordar que por esos días se llevaba a cabo la COP-23 en Alemania. Es probable que el Minam y algunos legisladores hubieran querido transitar por las mesas y los pasillos de esta COP con una norma bajo el brazo, pero, lamentablemente, eso no ha ocurrido. Otro escenario que en su momento entusiasmó al actual gobierno, en su inusitado afán de aprobar una ley de cambio climático, fue la frustrada visita del presidente francés Emmanuel Macron. Pareciera que reforzar la normatividad climática en el Perú depende de hechos contingentes y no de su propia necesidad.

Con cargo a redacción

Si bien en la sesión del 7 de noviembre la Comisión de Ambiente aprobó, con solo una abstención y con cargo a redacción, el dictamen de la ley de cambio climático, las negociaciones a nivel interno para pulir el contenido final, posiblemente, terminen con una versión algo recortada.

Para empezar, conceptos como el de buen vivir y el enfoque de género fueron removidos por presión de la mayoría, entre otras cosas por su presunto contenido ideológico; tampoco se aceptó la creación de una Comisión Nacional de Cambio Climático, que, según los principios de transparencia y rendición de cuentas, iba a facilitar la participación ciudadana. Las previsiones en torno a las migraciones forzosas causadas por trastornos climáticos calamitosos y persistentes, como ya vienen ocurriendo en la Polinesia, tampoco fueron de agrado para el Minam. En cuanto al control del financiamiento para acciones de adaptación y mitigación proveniente de fondos privados, la mayoría parlamentaria fujimorista, apoyada por otros congresistas, otorgó esa responsabilidad al ya sobre empoderado Ministerio de Economía (MEF), lo que quita preeminencia al Minam. Esto último encaja con la tendencia observada en la actual gestión gubernamental, por la cual se le resta protagonismo al Minam, consigna aplaudida por el MEF claro está.

Condicionamientos a enfrentar

Como se ve, el proceso para lograr una ley de cambio climático en el Perú debe enfrentar no solo el cálculo político de los congresistas y sus variadas agendas, sino también se condiciona a contingencias (Niño costero) y coyunturas internacionales (COP, probable visita de dignatarios). Otra lección que se puede extraer del proceso es que no hay necesidad de que existan núcleos negacionistas en instancias claves del poder político o económico peruano para que aparezcan prejuicios ideológicos que descarten conceptos a los que se descalifica, paradójicamente, como ideológicos. Más político el clima no podía ser.

Aunque los promotores en aprobar la normativa climática en vísperas de la COP-23 se han presentado en ese evento sin una ley que mostrar, preocupa que la búsqueda del consenso se haya dado alrededor del eje mayorías-minorías, condicionado a remover artículos considerados peligrosos, y no tanto en torno a un criterio de información razonada y de apertura hacia otras formas de entender el ambiente, el clima o la naturaleza. Se dirá que en democracia así son las cosas. En los próximos días se espera que el Pleno del Congreso discuta lo aprobado en la Comisión de Ambiente. Ojalá que no se busque más pretextos para dejar encarpetada la iniciativa. No hay que esperar nuevos huaicos ni visitas presidenciales para debatir un asunto que muchos políticos juran trascendente, aunque sus actos no necesariamente lo refrenden.

Fuente: Punto Edu.