En el país, aún existen serios desafíos para garantizar el acceso y manejo sostenible del agua ante una crisis ambiental y social.

Desde 1992, organizaciones internacionales como la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) promueven el Día de la Gestión Responsable del Agua (DIAGUA), cada primer sábado de octubre, con el objetivo de reflexionar acerca de la importancia de una administración eficiente de este recurso vital.

En un contexto, como el peruano, caracterizado por marcadas desigualdades en el acceso al agua, esta fecha es una oportunidad para reflexionar sobre las medidas urgentes y necesarias para abordar esta problemática. Según Teresa Oré, miembro del Grupo de Estudios Ambiente y Sociedad (GEAS) e investigadora del INTE-PUCP, “la posibilidad de una escasez significativa de agua en el futuro cercano es creciente”.

Desigualdad en el acceso al agua

La inequidad en el acceso al agua es uno de los problemas más graves que enfrenta el país. A pesar de algunos avances, más de tres millones y medio de peruanos carecen de acceso a agua potable segura, y más de ocho millones no tienen acceso a sistemas de saneamiento adecuados, según las últimas estadísticas del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Este acceso limitado se ve afectado no solo por la diversa geografía, sino también por la crisis climática y una gestión deficiente del recurso.

Patricia Urteaga, especialista en Derecho Ambiental, miembro del Grupo de Estudios Ambiente y Sociedad (GEAS) e investigadora del INTE-PUCP, explica que la crisis climática ha transformado la previsibilidad de los regímenes hídricos: “La inestabilidad en los patrones de lluvia ha hecho que las comunidades ya no sepan a qué atenerse. Esta incertidumbre, sumada a las actividades humanas que ejercen presión sobre las cuencas, genera un estrés adicional sobre el recurso hídrico”. Este fenómeno, unido a la acción humana, como las actividades mineras en las partes altas de algunas  cuencas y la expansión de la agroindustria, ha creado un “círculo vicioso” que incrementa la escasez del agua en regiones vulnerables.

El impacto de las actividades extractivas

El problema se agrava con las actividades extractivas, como la minería, que, según Oré, “están directamente vinculadas con la degradación ambiental debido a la falta de una regulación efectiva que proteja adecuadamente las fuentes de agua, lo que ha resultado en una degradación ambiental significativa”.

Para la especialista el problema es propio del actual modelo económico que “prioriza la minería y la agroexportación, demanda grandes cantidades de agua y está contaminando nuestras fuentes hídricas sin un control adecuado y que no prevé un plan de manejo adecuado que contemple el equilibrio entre la explotación de recursos y la conservación del medio ambiente”.

Papel de los agentes estatales

En este contexto, se cuestiona si los agentes gubernamentales han cumplido con su responsabilidad de gestionar el agua de manera adecuada. Oré señala la falta de un plan nacional de seguridad hídrica: “A pesar de la existencia del Ministerio del Ambiente, su capacidad de influir en la gestión de los recursos hídricos es limitada. Este ministerio no posee el mismo nivel de poder político ni económico que el Ministerio de Energía y Minas. Como consecuencia, el Estado tiende a priorizar la explotación de los recursos naturales sobre la protección de las fuentes de agua, lo que afecta negativamente a millones de ciudadanos peruanos que dependen del acceso a agua de calidad.”.

Patricia Urteaga añade que la corrupción dentro del aparato estatal también es un factor que agrava la situación. Informes técnicos sobre la situación hídrica a menudo quedan sin ejecutar, mientras que las comunidades rurales y amazónicas continúan sin acceso a agua potable, lo que incrementa la incidencia de enfermedades relacionadas con la contaminación.

¿Cuál es el panorama a futuro? 

Frente a una combinación de crisis climática, expansión extractiva y falta de una política coherente, el panorama hídrico del Perú está en riesgo. Se requieren soluciones urgentes que involucren tanto al Estado como a la sociedad civil, y que respeten el acceso al agua potable como un derecho fundamental de todo ser humano.

Teresa Oré propone la necesidad de un acuerdo nacional que no dependa únicamente del Estado: “Hablamos mucho de los desastres naturales, pero no se le da la misma atención a la seguridad hídrica. Necesitamos un acuerdo que involucre a todos los sectores, desde la sociedad civil hasta la academia y las organizaciones sociales, para asegurar el acceso equitativo al agua. No podemos esperar a que el día en que abramos el caño y ya no salga agua sea el detonante para tomar medidas”.