Evento coorganizado por Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), la Central Asháninka del Río Ene (CARE), el Instituto de la Naturaleza, Tierra y Energía (INTE-PUCP), el Equipo de Derecho Ambiental de la PUCP (EDERA), y el Grupo de Antropología Amazónica (GAA).

La cuenca amazónica viene sufriendo severos embates, no solo relacionados con el cambio climático, sino con el avance descontrolado de las economías ilícitas como la minería ilegal, la tala ilegal y los cultivos de uso ilícito. Estos negocios ilegales, ante una limitada y fragmentada reacción estatal, siguen ganando terreno y permeando el tejido social y comunitario. Esta situación crítica se refleja en el caso peruano, donde informes oficiales dan cuenta de la rápida expansión de estas actividades en diversas cuencas (DEVIDA, Geobosques, 2025), ejerciendo una presión inaceptable en contra de quienes resisten: las denominadas personas defensoras ambientales, indígenas y del territorio. Entender su labor exige reconocer que los derechos que defienden son de naturaleza colectiva y su lucha es fundamental para contener la fuente de financiamiento de la criminalidad que hoy nos aqueja a todos, especialmente a comunidades que ya han experimentado distintas formas de violencia en un “Pasado que no pasa” (CARE y DAR, 2024).

Es crucial entender que el avance de las economías ilícitas en los ámbitos rurales no puede ser dejado de lado por los espacios urbanos, como Lima. El dinero generado por el oro ilegal y la madera extraída sin licencia no se queda en la selva; fluye a los centros urbanos, engrosando las arcas de las mafias que hoy diversifican sus negocios, financiando directamente la ola de criminalidad que avanza en las ciudades peruanas, desde la extorsión a pequeños comerciantes y transeúntes hasta el sicariato que afecta a los espacios empresariales. La inseguridad ciudadana que hoy se vive tiene una raíz amazónica y criminal que debe ser expuesta.

Este conversatorio busca establecer la conexión directa entre la proliferación de actores criminales en la Amazonía y la inseguridad que se vive en distintas ciudades del país, que a su vez encuentra incentivos en un marco normativo que requiere una reformulación urgente. Para contribuir a ese objetivo se presenta un documento de análisis crítico sobre el funcionamiento del Mecanismo Intersectorial de Protección (Decreto Supremo N° 004-2021-JUS) en el lapso 2021-2025, titulado “Desafíos y oportunidades para una protección integral de las Personas Defensoras en la Amazonía Peruana”. Así, aportamos a la comprendensión de las economías ilícitas como fuentes de financiamiento del crimen organizado que desborda la Amazonía e impacta directamente en la seguridad de las ciudades, y a partir de este diagnóstico, impulsar un diálogo urgente y multisectorial que derive en soluciones legislativas y de política pública.

Metodología

Panel 1: “Propuestas para la garantía de entornos seguros para personas defensoras.”
Cumple su rol esencial al concentrarse en el corazón del problema: la reforma y efectividad del sistema de protección. La inclusión de representantes de entidades estatales competentes (como MINJUSDH y MINCU) junto a expertas de organismos internacionales (OACNUDH), y organizaciones indígenas asegura que las recomendaciones se centren en ajustes normativos, institucionales y de articulación intersectorial del Mecanismo. Su función es traducir los hallazgos y desafíos del documento de trabajo en una hoja de ruta concreta para fortalecer la protección de las personas defensoras desde el Estado y la cooperación, incluyendo la vinculación con iniciativas de autoprotección indígena.

Panel 2: “El circuito Ilícito: del bosque a la ciudad”
Está diseñado para expandir la conversación y cumplir el objetivo de la visión integral. Su enfoque en la correlación entre la situación de riesgo, el avance de economías ilícitas y la ola de criminalidad es fundamental. Este panel, compuesto por expertas en investigación, criminología y seguridad, tiene el rol de diagnosticar las conexiones entre las ganancias del crimen ambiental en la Amazonía y su impacto en la seguridad ciudadana y la gobernanza en los ámbitos urbanos. Las recomendaciones de este panel buscan generar una respuesta de Estado de carácter multisectorial que ataque las fuentes de financiamiento y los flujos logísticos que fortalecen la criminalidad, posicionando así la protección de las personas defensoras como un tema de seguridad y gobernabilidad nacional.

El objetivo general de visibilizar que la (des)protección de las personas defensoras tiene impactos en el crimen organizado que escala a los ámbitos urbanos se logra eficazmente a través de esta diferenciación de paneles. El evento pasará de un análisis focalizado en el mecanismo de derechos humanos (Panel 1) a una discusión ampliada de seguridad, finanzas y gobernanza (Panel 2), garantizando que los insumos y los llamados a la acción concretos sean integrales y multisectoriales, tal como requiere la complejidad del problema.