Evento coorganizado por Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), la Central Asháninka del Río Ene (CARE), el Instituto de la Naturaleza, Tierra y Energía (INTE-PUCP), el Equipo de Derecho Ambiental de la PUCP (EDERA), y el Grupo de Antropología Amazónica (GAA).

La cuenca amazónica viene sufriendo severos embates, no solo relacionados con el cambio climático, sino con el avance descontrolado de las economías ilícitas como la minería ilegal, la tala ilegal y los cultivos de uso ilícito. Estos negocios ilegales, ante una limitada y fragmentada reacción estatal, siguen ganando terreno y permeando el tejido social y comunitario. Esta situación crítica se refleja en el caso peruano, donde informes oficiales dan cuenta de la rápida expansión de estas actividades en diversas cuencas (DEVIDA, Geobosques, 2025), ejerciendo una presión inaceptable en contra de quienes resisten: las denominadas personas defensoras ambientales, indígenas y del territorio. Entender su labor exige reconocer que los derechos que defienden son de naturaleza colectiva y su lucha es fundamental para contener la fuente de financiamiento de la criminalidad que hoy nos aqueja a todos, especialmente a comunidades que ya han experimentado distintas formas de violencia en un “Pasado que no pasa” (CARE y DAR, 2024).

Es crucial entender que el avance de las economías ilícitas en los ámbitos rurales no puede ser dejado de lado por los espacios urbanos, como Lima. El dinero generado por el oro ilegal y la madera extraída sin licencia no se queda en la selva; fluye a los centros urbanos, engrosando las arcas de las mafias que hoy diversifican sus negocios, financiando directamente la ola de criminalidad que avanza en las ciudades peruanas, desde la extorsión a pequeños comerciantes y transeúntes hasta el sicariato que afecta a los espacios empresariales. La inseguridad ciudadana que hoy se vive tiene una raíz amazónica y criminal que debe ser expuesta.

Este conversatorio busca establecer la conexión directa entre la proliferación de actores criminales en la Amazonía y la inseguridad que se vive en distintas ciudades del país, que a su vez encuentra incentivos en un marco normativo que requiere una reformulación urgente. Para contribuir a ese objetivo se presenta un documento de análisis crítico sobre el funcionamiento del Mecanismo Intersectorial de Protección (Decreto Supremo N° 004-2021-JUS) en el lapso 2021-2025, titulado “Desafíos y oportunidades para una protección integral de las Personas Defensoras en la Amazonía Peruana”. Así, aportamos a la comprendensión de las economías ilícitas como fuentes de financiamiento del crimen organizado que desborda la Amazonía e impacta directamente en la seguridad de las ciudades, y a partir de este diagnóstico, impulsar un diálogo urgente y multisectorial que derive en soluciones legislativas y de política pública.