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01 de Septiembre de 2022

¿Conga no, pero la Pampa sí?

Créditos: Tomas Munita/New York Times

Créditos Foto: Tomas Munita / New York Times

Escrito por: Eliana Esparza, investigadora del INTE PUCP, y Fabiola Muñoz, exministra del Ambiente.

El pasado 16 de agosto del 2022 el presidente Pedro Castillo se reunió con trabajadores y representantes de la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (CONFEMIN PERÚ), con el fin de escuchar sus demandas frente a la formalización minera. Un proceso que ya ha sido extendido hasta en ocho oportunidades.

CONFEMIN PERÚ agrupa a más de 500,000 mineros y está presidida por Máximo Adolfo Franco Bequer, excandidato a congresista por Avanza País. En dicha reunión exigieron la derogación del Decreto Supremo Nº 001-2020-EM, en el que se establecen disposiciones reglamentarias para el acceso y permanencia en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO); asimismo, del Decreto Supremo 08-2022-EM, el cual excluye a los mineros que no cumplan con “desarrollar actividad minera de forma pacífica, sin vulnerar el derecho a la vida, a la integridad, seguridad o salud de las personas, o provocar daños a las instalaciones públicas o privadas”. Esta normativa dictaminada por el Ejecutivo surge a raíz de los hechos violentos en Ático y Caravelí, provincia de Caravelí de la región de Arequipa, a causa de la conflictividad social existente entre mineros informales y otros actores.

De acuerdo con Franco, dichos decretos son lesivos a la formalización. Además, exigió que la ministra de Herrera dejara el cargo de líder de la cartera de Energía y Minas. Según CooperAcción, el exaspirante al parlamento precisó que “el 53 % del oro peruano es producido por la pequeña minería”. La brecha existente entre el oro exportado y el oro producido de manera legal es de 1,521 toneladas de oro entre los años 2015 y 2019. Esto significa que 68% del oro exportado es de origen ilegal o informal .

Ante dicha brecha, el Decreto Supremo 001-2020-EM obliga a los mineros en vías de formalización a registrar su producción, así como lo hacen las empresas formales. El problema de seguimiento se agrava con las empresas exportadoras acopiadoras, que pueden comerciar y exportar toneladas de oro que no producen, entre lo legal y lo ilegal valiéndose muchas veces
de testaferros, favoreciendo el lavado del oro ilegal.

Por su parte Adolfo Velarde Calipuy, asesor de CONFEMIN PERÚ y candidato al Gobierno Regional de La Libertad, asegura que “los operadores del Ministerio de Energía y Minas lo que han hecho es formular normas lesivas al proceso de formalización […] Consideramos que es un decreto legislativo que apunta finalmente a dar un arma legal a la Policía, a la fiscalía, al Poder Judicial para llevar una persecución penal contra los mineros en proceso de formalización” según El Comercio.

Hay que diferenciar que la minería ilegal se desarrolla en zonas que están prohibidas, mientras que la minería informal es la que desarrolla un productor que se establece en zonas permitidas, pero puede darse el caso de que no cumpla con los requisitos administrativos solicitados, o que, teniendo la posibilidad de cumplir, aún esté en proceso de formalización y se encuentra registrado en el REINFO, Registro Integral de Formalización Minera.

Consecuencias

La minera ilegal se basa en una economía ilícita, que no cumple con estándares mínimos de ningún tipo, y provoca impactos devastadores en el medioambiente y la salud, tanto de sus trabajadores como de las poblaciones aledañas. Además, genera una creciente degradación social y todo un ecosistema delictivo. Dicha práctica está asociada a la trata de personas, al lavado de activos y al sicariato, donde la sociedad ve afectada su seguridad y la posibilidad de tener un futuro basado en oportunidades para mejorar la calidad de vida para sus niños, niñas y adolescentes.

En particular, la minería de oro, que utiliza cianuro y mercurio en sus procesos, además de contaminar el ambiente y producir daños irreparables a la salud, genera la deforestación y degradación de ecosistemas, transformando bosques en pozas contaminadas, alejando la biodiversidad y, en muchos casos, afectando la seguridad alimentaria de miles de personas,
especialmente los más pobres y vulnerables.

Solo en Madre de Dios, la deforestación provocada por la minería aluvial es cerca de 100,000 hectáreas (entre 1984 y 2017) y los periodos de mayor incremento en la tasa de deforestación guardan relación directa con el precio del oro en los mercados internacionales, lo que ha generado el efecto de “fiebre del oro” en esta región.

Sin embargo, han existido casos exitosos de formalización. Durante el 2018 se formalizaron cerca de 5,000 mineros informales, cantidad que fue disminuyendo en los siguientes años. Según la Dirección General De Formalización Minera (MINEM), Máximo Gallo, exdirector de Formalización Minera del MINEM (2017-2018), cuenta que, actualmente, “no existe un incentivo para la formalización de las familias que se dedican a esta actividad”. Lograr la trazabilidad del oro es algo que podría ser relativamente sencillo y que permitiría contar con una herramienta poderosa para avanzar en la lucha contra la minería ilegal; sin embargo, la actual falta de liderazgo y capacidad técnica del Estado pone en peligro todo lo avanzado en la formalización minera.

Reflexiones

La pequeña minería y la minería artesanal son competencia de los gobiernos regionales, no obstante, poco o nada se puede hacer para avanzar en su formalización sin el acompañamiento y la decisión política del gobierno central de enfrentar la minería ilegal que, finalmente, no solo es nociva para la sociedad, sino que además es una competencia desleal para los formales.

Lo que aprendimos en la experiencia del Operativo Mercurio en La Pampa, pero especialmente en el diseño de la estrategia contra la minería ilegal en Madre de Dios, es que para enfrentar una economía ilegal hay que desarrollar la economía legal, invertir en generar empleo en agricultura, acuicultura, ganadería, manejo forestal, turismo y muchas otras actividades que permitan un desarrollo, una gestión integral del territorio. El Estado necesita recuperar el principio de autoridad y generar oportunidades para quienes quieren alejarse de la minería ilegal. Por supuesto, hacer más sencillo el camino de la formalización de la actividad minera también, allí donde ésta puede ser legal.

Mientras los conflictos ambientales se concentran en las grandes empresas mineras formales, que tienen trabajadores en planilla, con seguro y pagan regalías y canon, el presidente recibe a los mineros informales que piden una nueva mesa de diálogo y la destitución de la titular del Ministerio de Energía y Minas, Alessandra Gilda Herrera Jara.

Si a CONFEMIN PERÚ le parece que desarrollar la actividad minera de forma pacífica, sin vulnerar el derecho a la vida, a la integridad, seguridad o salud de las personas, o desarrollar su actividad sin provocar daños a las instalaciones públicas o privadas es una exigencia demasiado grande, entonces tenemos un problema grave. ¿Qué menos se puede exigir de una actividad? ¿Es acaso el derecho al trabajo de un minero más valioso que el derecho a la salud, a contar con un ambiente saludable, y a gozar del respeto a la vida de los miles de ciudadanos y ciudadanas que se ven afectados por la minería ilegal?

La actividad minera que contamina y no respeta los derechos no puede ser promovida o avalada por nadie, mucho menos por el gobierno, ni la gran minería ni la pequeña deben dejar de cumplir estándares mínimos, tanto sociales como ambientales. Si el gobierno del presidente Castillo avala la propuesta de CONFEMIN PERÚ estaría traicionando al pueblo que tanto dice defender, pues favorecería los oscuros intereses de una economía ilegal asociada al lavado de activos y a la trata de personas por sobre los derechos humanos a una vida sana.

No podemos retroceder en el esfuerzo de formalizar la actividad minera donde este permitida y, si es necesario revisar y reformular el procedimiento para hacerlo más expeditivo, hay que hacerlo. Pero la minería ilegal no puede ser formalizada porque sólo genera costos ambientales y sociales al país, pues se desarrolla donde está prohibido el realizar esa actividad y no podrá producir ni impuestos ni canon porque nunca podrá formalizarse. El movimiento de dinero negro alrededor de esta actividad conlleva a la esclavitud, asesinatos de defensores ambientales, trata de personas y prostitución. No hay progreso sin formalización, ni existe manera de que las condiciones en nuestro país mejoren sin respetar las reglas de juego, el medio ambiente y la salud.

Créditos: Jason Houson / CINCIA

Créditos fotos: Jason Houson / CINCIA

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