Escrito por: Patricia Urteaga. Profesora del Departamento de Derecho, PUCP y miembro de la Asamblea del INTE-PUCP.

A fines de 1999 llegué a Madre de Dios para desarrollar un trabajo de campo como parte de mi doctorado en Antropología. Quería entender lo que había pasado cuando un consorcio de empresas llegó a esa región para operar dos lotes petroleros que se superponían a territorios indígenas. Los líderes de la Federación Nativa del río Madre de Dios y afluentes (FENAMAD) fueron explicándome en la práctica lo que las comunidades y sus organizaciones habían vivido en ese contexto. Recuerdo que la presidenta de la comunidad Kotsimba comentaba que el representante de una empresa les había instado a firmar el contrato para permitir actividades sísmicas en sus tierras, explicándoles mediante un video que no debían preocuparse porque lo único que sentirían sería un ruido acaso similar a un golpe de puerta. Además, recalcó que no se producirían los derrames de petróleo que había en otros sitios. Y la gente decía: “¿ya ves? nada va a pasar…”. Finalmente, el consorcio se fue porque la calidad del petróleo no era rentable.

Dieciocho años después, a propósito de un proyecto de investigación sobre el derecho humano al agua, visitamos la cuenca baja del río Marañón y la cuenca del río Tigre. En la primera, en el año 2014 se había producido un derrame de 2500 barriles de petróleo por la rotura del oleoducto en territorio de la comunidad Cuninico; mientras que en la segunda las comunidades llevaban 40 años recibiendo los impactos de las operaciones petroleras. Según el OEFA (2017), del año 2002 a 2017 sólo en el lote 192 se había producido 112 derrames de petróleo.

Lo que encontramos en dicha oportunidad fue un panorama desolador. La degradación de la naturaleza reflejaba la devastación que venían sufriendo por décadas los pueblos indígenas. La destrucción del hábitat amazónico como producto de los derrames de hidrocarburos, los choques de barcazas, las aguas de producción, las roturas de oleoducto, entre otros, había diezmado la fauna y flora, contaminado sus fuentes de agua y sus bosques, y afectado de diversas formas su salud. Más todavía, había corrompido la relación intrínseca entre los indígenas y su hábitat. Además de las cuencas de los ríos Marañón y Tigre, las cuencas de los ríos Corrientes y Pastaza también sufren los estragos de estas actividades.

Aunque en los últimos años el Estado ha respondido a algunas demandas de las organizaciones indígenas instalando plantas para el servicio provisional de agua potable y postas médicas, lo cierto es que muchas no funcionan, no tienen presupuesto o no son adecuadas para el tipo de enfermedades que tienen los habitantes indígenas como producto de su exposición a un ambiente altamente contaminado.

En el año 2017, un informe del Congreso de la República estimó los daños ambientales por los derrames del oleoducto en 271 millones de soles y 434 millones de soles en gastos de remediación por los 25 mil barriles de petróleo derramados entre los años 2014 y 2016.  El problema es que la causa última de esta situación no es atendida: la infraestructura caduca y los deficientes monitoreos y supervisiones que no han logrado contener los derrames.

A ello se suma el impacto del COVID-19 en estas poblaciones de por sí debilitadas por la contaminación. Desde el inicio de la pandemia hasta agosto de este año se han producido 8 derrames más en dicha zona. Ciertamente, ello convierte a la actividad petrolera en la Amazonía en un caso evidente de racismo ambiental.

La preocupación de los pueblos indígenas por su medio ambiente se alinea con la que ha expresado el papa Francisco en las encíclicas Laudato Sí (2015) y  Fratelli Tutti (2020). En esta última, señala: “Cuando hablamos de cuidar la casa común que es el planeta, acudimos a ese mínimo de conciencia universal y de preocupación por el cuidado mutuo que todavía puede quedar en las personas”. Esperamos que el nuevo gobierno acoja esta sentida demanda demostrando empatía, solidaridad y justicia para con los pueblos indígenas y la naturaleza.