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04 de Octubre de 2021

Un enfoque preventivo frente a los delitos ambientales es indispensable para el desarrollo sostenible de la Amazonía, coinciden expertos

Una respuesta estratégica debe sostenerse en las comunidades y soluciones locales exitosas, a la vez que articule los esfuerzos de las diversas autoridades competentes, indicaron especialistas en el II Ciclo de Conferencias organizado por el Proyecto Prevenir de USAID con el apoyo de INTE PUCP.

Lima, 30 de septiembre. – Los delitos ambientales como la tala ilegal, la minería ilegal y el tráfico ilícito de flora y fauna silvestre, amenazan la biodiversidad y las economías de la región amazónica, a la vez que se superponen y entrelazan con otros delitos como el tráfico de drogas, tierras y personas, el lavado de dinero, el sicariato, entre otros, lo que coloca a las comunidades locales en una situación muy vulnerable.

La formulación de estrategias para enfrentar estos crímenes debe tener un enfoque preventivo, que promueva una articulación efectiva desde el Estado y la sociedad en su conjunto y desarrolle capacidades para la alerta temprana y respuesta oportuna, en lugar de respuestas fragmentadas y exclusivamente persecutorias, concluyeron expertos nacionales e internacionales que debatieron en el II Ciclo de Conferencias del Proyecto Prevenir de USAID: “Soluciones para enfrentar los delitos ambientales en la Amazonía peruana”.

Según se destacó en el evento “Redes de monitoreo: cómo proteger el bosque con enfoque de género”, para resolver estos problemas es necesario construir sobre las relaciones existentes de organizaciones con intereses a largo plazo en la conservación de la Amazonía. En ese sentido, se destacaron experiencias como las de los pueblos indígenas, quienes vienen implementando medidas de prevención y monitoreo que priorizan la participación de las mujeres en la vigilancia y conservación de sus territorios.

En ese contexto, Betty Rubio, Presidenta de la Federación de Comunidades Nativas del Medio Napo Curaray y Arabela, señaló que “a través de las actividades de monitoreo y vigilancia, las mujeres tienen las posibilidades de salir y tener un espacio para compartir experiencias y saberes. Ellas se encuentran animadas de hacer este tipo de trabajo, es allí donde se puede hablar sobre equidad de género”, manifestó en la exposición principal del encuentro.

Lucetty Ullilen, Jefa del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (OSINFOR), presentó la “Mochila Forestal sobre Delitos Forestales con uso de tecnología y enfoque de Género e Inclusión Social”, una herramienta de capacitación participativa e intercultural que viene dando resultados positivos en seis comunidades nativas de Ucayali, Loreto y Madre de Dios. “La experiencia de la Mochila Forestal ha sido muy grata para las mujeres porque, no solo se les ha incluido, sino que también han tenido un rol primordial en la elaboración y ejecución de la actividad”, explicó sobre la iniciativa desarrollada con el soporte técnico del Proyecto Prevenir de USAID.

En ese sentido, Jacob Kopas, investigador independiente, apuntó que iniciativas como estas promueven el cierre de brechas de las comunidades nativas para mejorar y fortalecer la vigilancia territorial. “Existen herramientas tecnológicas que puedan servir en gran manera en el trabajo de monitoreo y vigilancia. Utilizando herramientas de este tipo, se pueden tomar decisiones respecto a la identificación de las amenazas.”, dijo.

Por su parte, Tatiana Espinosa, Directora de ARBIO Perú y socia de la Asociación de concesionarios forestales Manu, Tambopata y Tahuamanu (ACOMAD), relató su experiencia de trabajo conjunto con las mujeres en las comunidades y concesionarios en Madre de Dios.  “Hay un creciente liderazgo de las mujeres en sus comunidades, ya que ellas dan importancia en el cuidado del territorio, puesto que da vida, salud, y seguridad alimentaria. Si bien la participación y liderazgo se encuentra masculinizada, mencionó, es tiempo de que se pueda reconocer las capacidades de las mujeres”, puntualizó.

Una respuesta integrada frente a los delitos ambientales

Los delitos ambientales se han venido incrementando y adaptando a diversos escenarios. De acuerdo con la Procuraduría Especializada en Delitos Ambientales, entre 2009 y 2019 se ha producido un crecimiento de 600% en el número de delitos registrados, bordeando los 5500 casos. Esta realidad exige una adaptación rápida ante la variedad de faltas, actores y escenarios existentes. A la vez, se requiere una respuesta articulada, cerrando brechas entre los distintos niveles de gobierno para actuar frente a quienes cometen delitos ambientales y acceder a las fuentes de información técnica.

En la sesión “Arreglos institucionales para prevenir los delitos ambientales desde el Estado peruano” se señaló que estudios realizados han identificado una falta de interoperabilidad entre los sistemas de información que administran las entidades del Poder Ejecutivo y los tres niveles de gobierno. Ello llevó a la necesidad de evaluar y posteriormente proponer la creación, por parte del Ministerio del Ambiente, de una Unidad Funcional de Delitos Ambientales (UNIDA) que contribuyera a fortalecer el rol preventivo del Estado, frente a los delitos ambientales.

“La fragmentación de las competencias sin los mecanismos necesarios de coordinación, ha acarreado una falta de transparencia que incentiva la corrupción, otro aspecto de esta fracturación de la gobernanza en las regiones amazónicas se manifiesta en el seguimiento mecánico a normas exageradamente técnicas y no fundamentadas en la realidad”, dijo Thomas Moore, Antropólogo y Consultor Internacional, sobre los hallazgos de investigaciones como el análisis de la economía política de los delitos ambientales.

En el panel conformado por Mariano Castro, Viceministro del Ambiente, Lucía Ruíz, ex Ministra del Ambiente, y Alicia Abanto, Adjunta para la Administración Estatal de la Defensoría del Pueblo, se compartieron y analizaron los avances, retos y oportunidades del sector público en la prevención de delitos ambientales, a partir de las experiencias de instituciones de justicia, agencias administrativas y fiscalías, en el marco de la transparencia y ética pública.

 “Queda claro que necesitamos un champion (sic) al interior del Gobierno que tenga un liderazgo unificado en la lucha contra los delitos ambientales, si ese es el rol que puede jugar UNIDA, bienvenido. Necesitamos un liderazgo único, que sea transparente, genere confianza y que intervenga con enfoque territorial, para ello se deben contar con protocolos intra e interinstitucionales”, aseveró Lucía Ruíz, quien también se ha desempeñado como Ministra del Ambiente.

“En la Política Nacional del Ambiente, hemos priorizado el eje de justicia ambiental y la atención de los delitos ambientales como condición de operación para asegurar su éxito. La creación de la UNIDA es fundamental, porque se requiere articular estrategias que apunten a las causas que determinan la comisión de delitos ambientales, ya que este es un asunto que requiere una actuación de Política Nacional”, apuntó el viceministro Castro sobre el apoyo que viene brindado UNIDA para la toma de decisiones estratégicas, la implementación de mejores políticas públicas, y mejorar la coordinación interinstitucional en torno a los delitos ambientales.

Alicia Abanto, Adjunta para la Administración Estatal de la Defensoría del Pueblo, realizó un balance sobre los esfuerzos que viene desarrollando desde el Estado en los últimos 20 años instaurar y diseñar políticas públicas e instrumentos de gestión, sin embargo “Al final del día gobierna el precio del oro. En el caso de la minería ilegal, mientras haya precios que incentiven la ilegalidad, seguiremos teniendo grandes limitaciones. Es importante hablar de las reales capacidades del Perú para afrontar esta situación global. Como Defensoría nos preocupa que sigan muriendo líderes (ambientales). Los mercados deben ser transformados para limitar la enorme presión que se ejerce sobre los territorios”, observó.

El II Ciclo de Conferencias del Proyecto Prevenir de USAID: “Soluciones para enfrentar los delitos ambientales en la Amazonía peruana”, fue desarrollado entre el 21 y 30 de septiembre de forma virtual, con el objetivo de generar espacios de intercambio y aprendizaje en torno a soluciones concretas en materia de prevención y combate de dichos delitos. Puede visualizar todas las conferencias en este enlace.

Sesión 3: «Redes de Monitoreo: cómo proteger el bosque con enfoque de género»
Sesión 4: «Arreglos institucionales para prevenir los delitos ambientales desde el Estado peruano»
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