Así lo afirma la especialista investigadora y docente en derecho ambiental y sostenibilidad; y miembro del Grupo de Investigación en Derecho Administrativo de la PUCP (GIDA), Gabriela Ramírez, en un breve recuento del contexto actual del derrame de 13 900 barriles de petróleo en el mar de Ventanilla.

Texto por Luciana Zunino

El pasado 15 de enero se cumplieron dos años de este suceso. Según la especialista e investigadora del INTE-PUCP, Gabriela Ramírez Parco, este problema «ya dejó de tener un único responsable, es decir, a la empresa Repsol». Explica su afirmación señalando que lo ocurrido hasta la fecha y la falta de respuesta adecuada de parte del Estado peruano refleja las carencias en institucionalidad ambiental y de remediación para los afectados, que padece nuestro sistema.

Si bien organismos estatales como el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) ha impulsado y realizado -desde el ámbito administrativo- los procedimientos necesarios, no ha sido suficiente para poder mitigar y compensar el impacto generado por el derrame ocurrido hace dos años. Al menos 25 de las 30 playas de baño y recreación afectadas siguen contaminadas, recalca la entrevistada basándose en conclusiones del Ministerio de Salud recogidas por Oxfam Perú.

Ramírez analiza que el daño se ha generado en tres niveles: ambiental, por los ecosistemas perjudicados; económico, por los ingresos que dejaron de percibir los pobladores de la zona, y también nuestro país, y social, por la afectación al bienestar general de los pescadores y del impacto que este daño ambiental ha generado en toda la comunidad”. Para la entrevistada, es fundamental analizar la problemática desde el triple enfoque de sostenibilidad contenido en la Agenda 2030, importante documento elaborado por Naciones Unidas, el cual -en su opinión-, “se ha convertido en un parámetro fundamental para analizar y tomar decisiones en materia de sostenibilidad y bienestar ambiental. Así, para Ramírez, “el análisis de cualquier problemática que impacte el planeta y a la humanidad debiera ser evaluada teniendo en cuenta los siguientes tres ejes:

1. El eje económico que hace referencia por ejemplo, al crecimiento económico que pudiera haber sido afectado en la espacio o comunidad
2. El eje social que definitivamente toma en cuenta a todos actores involucrados, y 
3. El eje ambiental hace referencia a la protección del medio ambiente y todos los seres que lo componen”.

Si retrocedemos en el tiempo al 2022, la docente e investigadora recuerda la «capacidad de reacción casi nula del Estado». Como ejemplo, basta recordar la entrega de canasta de víveres a los pescadores afectados, por parte del  Ejecutivo, y los bonos de compensación en modalidad de pago único. Asimismo añade que, para aquella época, no todos los pescadores artesanales de las playas contaminadas estaban empadronados en el Ministerio de la Producción (Produce). 

Según Oxfam, los montos de compensación firmados en acuerdos con la empresa oscilan entre 50 000 y 70 000 soles. Esto representa una cuarta parte de lo que deberían recibir las familias afectadas, sin embargo, como comenta Ramírez, “daños al medio ambiente como el generado, muchas veces no pueden ser reparados o compensados, más aún teniendo en cuenta que el ecosistema afectado fue el medio marino, siendo este un ecosistema de suma importancia para combatir por ejemplo, los efectos del cambio climático”.

Volvamos al 2024. Actualmente, a pesar que la empresa asegura que las playas se encuentran limpias, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) ha observado la mitad de los 18 planes de remediación presentados por Repsol por no cumplir criterios de admisibilidad.

Una amenaza a la economía familiar, al turismo y a la seguridad alimentaria

De acuerdo con lo que explica Ramírez Parco, la falta de celeridad para remediar los daños afecta directamente a las familias de Ventanilla. Asimismo, repercute en la seguridad alimentaria de las familias de la zona, debido a que los mares se encuentran contaminados con crudo. Esto incluye a los recursos hidrobiológicos -especies animales o vegetales acuáticas aprovechables por el ser humano-, los cuales ya no se encuentran aptos para su consumo.

La especialista también desarrolla las consecuencias en la industria del turismo:

“En esa zona, nuestro país recibía turismo en pequeñas comunidades locales. Muchos vivían del turismo y servicios ofrecidos por diversos restaurantes, entonces esto supone una pérdida económica para ellos (los pescadores artesanales), pero también para la zona y para el país”.

Se estima que las pérdidas mensuales para las familias de los pescadores artesanales son de 11,902  soles. Esto significa que dejaron de percibir ingresos que ascienden a 149,714 soles por cada familia pescadora afectada por el derrame. Estas cifras fueron proporcionadas por un nuevo estudio de CooperAcción, con apoyo de Oxfam en Perú.

Empoderar instituciones para acceder a justicia ambiental

La Fundación Holandesa de Derechos Ambientales y Fundamentales, la cual representa a 30,000 personas agraviadas por el derrame, demandó en un tribunal de Países Bajos a Repsol. Se ha recurrido a órganos de justicia internacionales, ya que aún no logra una acción sostenida y concreta de remediación socioambiental dentro del sistema de justicia nacional.

“Considero que el caso Repsol, lamentablemente, demuestra que en nuestro país no hay acceso a la justicia ambiental, porque las instituciones en materia ambiental se encuentran debilitadas», expresa Ramírez. La especialista indica, por ejemplo, la importancia de dotar de mayores recursos y apoyo al Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), así como al OEFA, con el fin de «demostrar que al Estado peruano sí le importa su medio ambiente y, en este caso, sus pescadores».

En conclusión, las familias de pescadores artesanales en Ventanilla, a dos años del derrame de petróleo, siguen buscando reparación económica y ambiental. Su seguridad alimentaria y economía familiar se han visto gravemente perjudicadas, por lo cual es importante que las instituciones en materia ambiental aboguen por subsanar los daños. Y lo más grave, hemos perdido la vitalidad de un ecosistema valioso no solo para el Perú, sino para la región.

Ante un daño de esta magnitud, ninguna cantidad económica va a poder compensar el daño que se ha generado en los tres niveles que hemos mencionado anteriormente«, concluye y reflexiona Gabriela Ramírez.