Mientras las grandes potencias establecen objetivos ambiciosos para su propia descarbonización y transición energética, Perú corre el riesgo de quedarse atrás. Sin embargo, nuestro país también cuenta con varias ventajas que puede aprovechar para lograr una economía más verde.

En el mundo cada vez se discute más sobre la necesidad de abandonar una economía basada en el carbono y pasar al uso de  energías verdes y renovables. Las grandes potencias se han planteado metas ambiciosas en ese sentido.

En Estados Unidos, la administración Biden ha anunciado un plan para conseguir que en 2050 el 45% de la electricidad proceda de la energía solar. China tiene previsto aumentar el porcentaje de energías renovables hasta casi el 37% en 2035 y lograr la neutralidad de carbono en 2060. La Unión Europea, por su parte, ha fijado como objetivo que en el 2030 un 40% de su consumo energético provenga de energías renovables. 

¿Cómo se encuentra el Perú en este ámbito?

De acuerdo con el ingeniero químico y ambiental, e investigador del INTE-PUCP, Ian Vázquez Rowe, el Perú debe revisar su política energética para la siguiente década y plantearse metas más ambiciosas, especialmente en lo que respecta al sector  electricidad. 

“La política de descarbonización de Perú es un poco perezosa”, asevera Vázquez. “Eso sí, tenemos la suerte de contar con una matriz energética bastante limpia de por sí, gracias a una maravilla que nos ha dado el agua proveniente de los Andes: las hidroeléctricas”. 

Potencial para la energía verde 

El sector hidroeléctrico genera alrededor del 50% de la electricidad que se consume en el país. Sin embargo, Vázquez explica que esto no es suficiente y es necesario que las autoridades promuevan el uso generalizado de energías renovables.

“Se habla mucho de la masificación del gas, pero también debe discutirse este tema para no estar a la cola de la transición energética”, señala el investigador.

De acuerdo con él, Perú también debería aprovechar otras fuentes de energía como la eólica, fotovoltaica, solar y geotérmica. “Todo esto requiere una inversión, pero los costos asociados a la energía eólica son menores a los del carbón. Entonces, ya no existe la excusa de que son demasiado caras”, afirma el ingeniero. 

Asimismo, Vázquez indica que nuestro país cuenta con varias áreas favorables para la implementación de energías renovables. “Tenemos espacio para desarrollar mucha energía fotovoltaica, sobre todo en ambientes urbanos costeros y amazónicos, así como en el desierto. Con ella se podría abastecer de electricidad a muchas áreas residenciales”, destaca el investigador. “Además, hay zonas de la costa peruana muy propicias para la energía eólica”, añade. 

Perú, rezagado en sus metas 

De acuerdo con Vázquez, Perú se encuentra considerablemente rezagado respecto a las metas hacia el 2030, asumidas con el Tratado de París. “Tanto en proyectos como las líneas del Metro de Lima, como en términos de deforestación y sustitución de tecnologías menos eficientes por otras más actualizadas y bajas en carbono, hay mucho por hacer”, precisa. 

Además, Vázquez advierte que el gobierno peruano no ha considerado lo suficiente la necesidad de incorporar una gran cantidad de vehículos eléctricos en nuestro parque automotor. “Perú está muy detrás en la transición hacia ese tipo de vehículos, pese a que los autos eléctricos podrían ser una buena solución para el país, dado que somos capaces de producir electricidad baja en carbono”, dice el ingeniero.

Para Vázquez, el país debe apuntar a que entre el 20% y el 40% de los vehículos nuevos sean eléctricos en los próximos 10 años. “Para eso necesitamos infraestructura urbana capaz de recargar a los autos que lo requieran. Con ese fin, tendremos que producir más electricidad, y es ahí donde entran las energías renovables de nueva generación”, señala el investigador. 

Incluso, las autoridades podrían evaluar la posibilidad de ofrecer incentivos para la adquisición de este tipo de autos, afirma Vázquez. “A veces, ese empujoncito inicial debe venir del Estado. Además, estoy seguro de que muchos países desarrollados estarían dispuestos a apoyar estas iniciativas y brindar financiamiento”, resalta. 

Asimismo, el Perú  debería aprovechar sus reservas de litio, recurso clave para las baterías de estos vehículos. “Dado que el país no cuenta con una industria manufacturera de vehículos, algo interesante que podrían implementar las autoridades es asociar las licencias de extracción de litio con una serie de beneficios que permitan la inversión extranjera a bajo precio, para hacer una transición oportuna a este tipo de autos”, indica el ingeniero. 

Los costos de quedarnos atrás

Quedarnos rezagados frente a los países productores de vehículos eléctricos llevaría a una serie de problemas, dice Vázquez. “Lo importante es que al 2050 no nos sintamos aislados. Que países ricos hayan logrado una economía baja en carbono mientras nosotros seguimos vendiendo y utilizando recursos de tecnología obsoleta. Además, los costos de esas tecnologías se van a encarecer porque ya nadie las producirá”, precisa. 

En ese sentido, el investigador señala que nuestro país necesita reordenar su posición estratégica y encontrar un equilibrio entre proveer de recursos a países desarrollados y, al mismo tiempo, aprovechar esos recursos para lograr una economía baja en carbono. 

Asimismo, las autoridades deberían garantizar que el Perú cuente con infraestructura eficiente y diversificada para contar con  seguridad energética durante el proceso de descarbonización.

“Es importante tener siempre un plan B. Ahora, este no es el caso del Perú”, advierte Vázquez. “Por ejemplo, no tenemos una buena infraestructura portuaria. Muchas veces los petroleros no pueden descargar en las refinerías de Talara y La Pampilla porque el mar está agitado. En días, esto se empieza a notar con escasez de combustible en las gasolineras”, explica. 

Fragilidad institucional

Es posible que las  ambiciosas metas energéticas de las grandes potencias provoquen  tensiones con los países en desarrollo que proveen los recursos necesarios para lograrlas, incluyendo el nuestro. Recientemente, la Unión Europea aprobó la Ley de Materias Primas Fundamentales (CRMA), que propone reforzar vínculos entre sus miembros para extraer, procesar y reciclar materias primas estratégicas, así como diversificar sus fuentes de importación. 

Sin embargo, la legislación genera preocupación sobre la priorización de los intereses comerciales por encima del medio ambiente y los derechos de las comunidades indígenas. En el caso peruano, un grave problema es la falta de institucionalidad ambiental y la fragilidad del Estado para fiscalizar las actividades extractivas. 

“El Perú no cuenta con una gobernanza fuerte al respecto, y a nivel político, hay mucha inestabilidad. Hay muchos grupos de poder con agendas muy dispares, y los entes públicos no logran imponer una agenda balanceada que permita un desarrollo equilibrado entre diferentes sectores”, indica Vázquez. 

Pedro Gamio, abogado experto en derecho ambiental e investigador del INTE-PUCP, coincide. “Hay una tarea pendiente de vincular el planeamiento estratégico con un diálogo constante entre el sector privado y la academia. Falta una visión de lo que queremos hacer como país y cómo enfrentar los problemas actuales de pérdida de criterios de sostenibilidad, amenazas a la gobernabilidad y el avance de actividades ilegales”, señala. 

Para Gamio, una iniciativa que debería considerarse a nivel institucional es la creación de un instituto con científicos y técnicos calificados que identifiquen y monitoreen los recursos naturales y brinden información actualizada a las empresas y el sector público sobre las actividades que puedan permitirse en los distintos ecosistemas y espacios geográficos.