En un contexto marcado por la expansión de actividades extractivas, conflictos socioambientales y economías ilegales que impactan territorios indígenas, el Departamento de Derecho PUCP, el Equipo de Derecho Ambiental (Edera) y el Instituto de la Naturaleza, Tierra y Energía (INTE), organizaron la conferencia “Defendiendo derechos y territorios indígenas: perspectivas desde Canadá y la Amazonía peruana”, un espacio de análisis jurídico comparado que reunió a especialistas nacionales e internacionales.

La jornada, moderada por la Dra. Patricia Urteaga, investigadora del INTE PUCP, permitió examinar cómo distintos sistemas legales enfrentan un desafío común: garantizar el respeto efectivo de los derechos colectivos y territoriales de los pueblos indígenas frente a proyectos que pueden afectar su territorio, cultura y formas de vida.

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Derechos ancestrales y deber de consulta en Canadá

La Dra. Elisabeth Patterson, abogada de comunidades indígenas de la firma Dionne Schulze, abrió el diálogo con una revisión del marco jurídico canadiense. Explicó la distinción entre derechos ancestrales, vinculados a prácticas tradicionales como la caza y la pesca, y el título indígena, que reconoce un derecho colectivo sobre la tierra.

Subrayó que estos derechos son intrínsecos y no fueron extinguidos por la colonización. Sin embargo, remarcó que persisten desafíos significativos, especialmente en territorios no titulados formalmente, donde la incertidumbre jurídica se intensifica ante el desarrollo de proyectos extractivos.

En este escenario, destacó que el desarrollo jurisprudencial canadiense ha establecido la obligación del Estado de consultar y acomodar cuándo una medida pueda afectar derechos indígenas, incluso si estos no han sido plenamente acreditados en tribunales. La consulta, precisó, es un proceso continuo que exige diálogo de buena fe y no se reduce a la mera información. La acomodación implica modificar proyectos para prevenir o mitigar impactos, o establecer compensaciones cuando estos resulten inevitables.

Asimismo, explicó el rol estratégico de la abogacía indígena en tres frentes: acompañamiento en procesos de consulta y negociación de acuerdos de beneficios (IBA); impugnación de autorizaciones administrativas a fin de detener un proyecto; y el litigio estratégico ante tribunales.

Territorio, autonomía y violencia en la Amazonía peruana

Desde la perspectiva peruana, la Dra. Rocío Trujillo, abogada de AIDESEP, abordó los problemas estructurales que enfrentan los pueblos indígenas. Señaló que la problemática no se limita a la falta de titulación, sino que incluye la degradación ambiental, la expansión de actividades extractivas y la presencia creciente del crimen organizado vinculado a economías ilegales.

Enfatizó que el derecho al territorio no debe entenderse únicamente como propiedad física sobre la tierra, sino como un concepto integral que abarca los recursos naturales y la dimensión cultural.

En este punto, recordó el caso de la Comunidad Nativa Tres Islas, en cuya sentencia el Tribunal Constitucional reconoció que el concepto de ‘territorio’ está estrechamente vinculado a la autonomía y al derecho de autogobierno. También, mencionó los Gobiernos Territoriales Autónomos, impulsados por los pueblos Wampis y Awajún, que aún carecen de reconocimiento formal por parte del Estado.

En relación con la consulta previa, advirtió que, aunque el marco normativo establece su aplicación tanto a medidas administrativas como legislativas, en la práctica la consulta sobre medidas legislativas no se implementa de manera efectiva, lo cual perjudica a algunos pueblos indígenas.

Destacó el caso Saweto, donde líderes indígenas fueron asesinados por defender su territorio, recordando que la defensa de derechos no es solo una discusión jurídica, sino una cuestión de vida o muerte. Finalmente, hizo un llamado a fortalecer la investigación académica y la reflexión crítica como parte de esa defensa.

El río Marañón como sujeto de derecho

El abogado Juan Carlos Ruiz, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), centró su exposición en el reconocimiento del Río Marañón como sujeto de derecho, un proceso impulsado por mujeres del pueblo Kukama, para quienes el río no es un recurso sino un ser vivo.

Destacó que los reiterados derrames del oleoducto norperuano no solo contaminan las aguas del río, sino que perjudican la principal actividad económica local: la pesca.

Respecto al fallo, Ruíz explicó que en una primera instancia se reconoció al Marañón y sus afluentes como titulares de derechos, entre ellos, el de fluir libremente y mantener un ecosistema saludable, incorporando un enfoque ecocéntrico que reconoce el valor intrínseco de la naturaleza, superando una visión exclusivamente antropocéntrica. También, se ordenó la creación de Consejos de Cuenca, con participación prioritaria de las comunidades y el reconocimiento de las lideresas kukama como defensoras del río. En segunda instancia, se dispuso el mantenimiento del oleoducto.

Más allá de la categoría jurídica de “sujeto de derecho”, la demanda central del pueblo Kukama ha sido garantizar ríos limpios, protegiendo sus fuentes de agua.

Un diálogo necesario

El encuentro evidenció que, aunque los contextos de Canadá y Perú presentan diferencias históricas e institucionales, comparten tensiones estructurales en torno a la defensa territorial, la consulta previa y el reconocimiento de derechos colectivos.

La conferencia reafirmó la importancia del diálogo intercultural, el litigio estratégico y la producción académica comprometida para fortalecer la protección de los pueblos indígenas y sus territorios.