Revisa la columna de opinión elaborada por María Teresa Oré, miembro de la Asamblea del INTE-PUCP y especialista en gestión social del agua publicada en Punto Edu.

Tener acceso al agua potable es un derecho que no es compartido por todas las familias peruanas

«A lavarse las manos con agua y jabón por veinte segundos y varias veces al día» «Agua y jabón para salvar tu vida»

Esas son las primeras medidas que recomiendan en todo el mundo para combatir el coronavirus (COVID-19). El agua ha vuelto a cobrar protagonismo en tiempos de pandemia. Sin embargo, ¿quiénes en el Perú tienen acceso al agua potable durante 24 horas al día, en las ciudades y en las zonas rurales? ¿Una familia de Carabayllo o del distrito limeño de Surco? ¿Las familias campesinas de las regiones de Apurímac o Puno? Tener acceso al agua potable es un derecho que no es compartido por todas las familias peruanas.

Las brechas por el acceso al agua potable y al saneamiento en las zonas urbanas todavía son altas. Más aún en comparación con las zonas rurales del país. Las personas sin acceso al agua potable son las más vulnerables, y esto se pone en evidencia en esta pandemia. Muchísimas familias se ven en la necesidad de salir diariamente de sus casas para conseguir o comprar agua con los pocos recursos económicos que cuentan: «Queremos agua, señor presidente, para evitar contagiarnos»^[1], decían llorando pobladores de un asentamiento humano en Lima.

Muchísimas familias se ven en la necesidad de salir diariamente de sus casas para conseguir o comprar agua con los pocos recursos económicos que cuentan».

Siempre hemos escuchado que el agua es «fuente de vida», pero también es uno de los recursos más escasos y reclamados por la población. Es el origen de conflictos socioambientales en distritos y conos de la capital y en diversas regiones del país. Estos han venido marcando nuestra agenda política de los últimos años. Esto nos hace regresar a los debates de los años noventa: ¿el agua es un bien común o es un bien económico? Esta disyuntiva le tomó veinte años al país antes de lograr un acuerdo, que concluyó con la promulgación de la nueva Ley de Recursos Hídricos en marzo del 2009. La ley priorizó al agua como bien económico, un recurso clave para la actividad productiva del país. Hoy, la pandemia del COVID-19 nos vuelve a poner sobre la mesa ese debate y la necesidad de repensar el agua como bien común.

En estos días se ha puesto en cuestión y se ha criticado la situación precaria de la infraestructura y la institucionalidad del Sistema Nacional de Salud en el Perú. Parte de ello se debe a los problemas para el acceso al agua, de la cual depende la salud de la población.

La pandemia del COVID-19 nos vuelve a poner sobre la mesa ese debate y la necesidad de repensar el agua como bien común».

Ello nos lleva a preguntarnos ¿cómo se encuentra la gestión pública del agua en el país? Esta es poco visibilizada, dado el carácter técnico que la caracteriza y los distintos intereses que en ella se encuentran. Las principales autoridades y funcionarios de la Autoridad Nacional del Agua, bajo la jurisdicción del Ministerio de Agricultura y Riego, son permanentemente cambiadas, por lo que no hay continuidad institucional. Ciertamente, la Sunass viene cumpliendo una interesante labor, y Sedapal viene realizando y ejecutando nuevos proyectos, pero la gestión integrada del agua, cuyo objetivo es la coordinación entre los diversos sectores y ministerios, no es efectiva por la poca o nula relación que se da entre diversos ministerios y sectores. Existe una fragilidad institucional. Es en estos momentos que la coordinación con el Ministerio de Salud cobra importancia especial para hacer frente a la emergencia que plantea el coronavirus.

La gestión integrada del agua no es efectiva. Existe una fragilidad institucional».

Asimismo, en la gestión del agua, la participación de las organizaciones de usuarios cobra gran importancia. Sin embargo, las Juntas Administradoras de Agua y Saneamiento -que son organizaciones comunales-, así como los encargados de administrar, operar y mantener los servicios de agua y saneamiento en las zonas rurales y periurbanas, son todavía débiles organizativamente.

¿Cuál es la lección que sacamos a raíz del 22 de marzo, Día Internacional del Agua, en tiempos de coronavirus? Nos abre una ventana de oportunidad para llamar la atención sobre la necesidad de una gestión pública del agua transparente que proporcione seguridad hídrica, y acceso al agua potable y saneamiento a todos los peruanos. Esta es la forma de proteger y garantizar la salud de toda la población, entendiendo que el acceso al agua potable es un derecho humano y el agua es un bien común.

[1]Entrevista realizada por el programa «Punto final «, domingo 22 de marzo, 2020.

Fuente: Punto Edu