Escrito por: Mg. Fernando Bravo Alarcón. Docente del Departamento de Ciencias Sociales de la PUCP e investigador del INTE-PUCP

Dentro de la gama de conflictos vinculados con las industrias extractivas, el de La Oroya resalta por una doble peculiaridad: de un lado, buena parte de su población defiende la continuidad de las operaciones metalúrgicas, aun cuando ello arriesgue la salud pública local; de otro, pese a quince años de recurrentes protestas, el problema no ha conocido ninguna solución definitiva, convirtiéndose en el conflicto que no cesa.

De allí que la población y los trabajadores del complejo metalúrgico decidan movilizarse periódicamente en pos de su reapertura, con la finalidad de recuperar los puestos de trabajo y los ingresos de miles de familias, frente a lo cual los sucesivos gobiernos no han tenido una respuesta satisfactoria, y menos terminante.

Pero la complejidad del conflicto no se afinca únicamente en la exposición crónica de la ciudad a los impactos ambientales, las afectaciones a la salud de los oroínos o el acostumbrado y permitido incumplimiento ambiental del anterior operador de la refinería (Doe Run Perú). A ellos se suman las dificultades financieras y las demandas legales internacionales, que han llevado a sucesivas paralizaciones de las operaciones metalúrgicas, a la liquidación de la compañía, a la presión de los acreedores y a los reclamos de los trabajadores por su futuro laboral. Pero ha sido la falta de interés del Estado, en todos estos años, para dar una solución definitiva al problema lo que ha permitido la prolongación sine die del conflicto.

¿Qué solución se puede proponer? Una opción es entregar el complejo metalúrgico a un nuevo operador bajo condiciones propicias, donde los problemas técnicos y los estándares ambientales se resuelvan del todo, dejando en el pasado el estigma de La Oroya como la ciudad del plomo. La otra es levantar una nueva refinería en otra jurisdicción, lo que tendría la ventaja de incorporar las últimas innovaciones tecnológicas, sin las complicaciones sociales y políticas de La Oroya. En cualquier caso, el Estado, los privados y la población tendrán que lograr acuerdos que los satisfagan, más aún en la segunda opción, pues los oroínos se quedarían sin el centro de gravedad que los articula social y económicamente desde 1922.

En una publicación reciente, titulada: El pacto fáustico de La Oroya: el derecho a la contaminación “beneficiosa”, editada por INTE-PUCP, abordé la problemática del histórico complejo metalúrgico. Postulé que el caso se convirtió en un problema socioambiental cuando convergieron transformaciones sociales y nuevas sensibilidades ambientales que lo reconocían como tal: si bien el hecho objetivo de la degradación ambiental ya existía en La Oroya desde prácticamente el inicio de la fundición, recién desde los años 90 la sociedad lo definió como un asunto de preocupación pública. Luego, paso revista a las múltiples propuestas de solución presentadas, resaltando las condiciones que han contribuido a su inviabilidad, lo que explica en parte la persistencia del conflicto. A esto se añade la paradoja consistente en que los trabajadores y la población local tienen que aceptar las condiciones de contaminación a cambio de asegurar el empleo y los ingresos, poniendo en segundo plano sus derechos a la salud.

Lo hallado en esta investigación ratifica, por último, la necesidad de continuar estudiando las conexiones entre los procesos sociales, históricos y ambientales en el país, siendo los conflictos socioambientales una de sus manifestaciones más expresivas.

15/12/2015: Presentación del libro: El pacto fáustico de La Oroya: el derecho a la contaminación “beneficiosa”