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Opinión | La difusión en las regiones del Covid-19 y la gobernanza urbana del agua en el Perú

Foto: Agencia Andina

Escrito por: María Teresa Oré, Magister en Sociología, profesora en la Maestría de Recursos Hídricos del Departamento Académico de Ciencias Sociales de la PUCP y miembro de la Asamblea del INTE.

Los días 17 y 31 de julio de 2020 se realizaron dos eventos promovidos por el Centro de Recursos Hídricos y Ambientales, sede Trujillo (CRHA) y el INTE-PUCP bajo el título «La difusión regional del COVID-19 y la gobernanza urbana del agua», con el objetivo de analizar, desde diferentes disciplinas, el impacto de la pandemia en nuestro país. En la primera jornada, Sergio Recuenco1, desde la medicina epidemiológica, y Evelyne Mesclier2, desde la geografía, analizaron la difusión del virus SARS CoV-2; en la segunda jornada, el foco estuvo en la gobernanza del agua en Lima e Ica, y contó con los aportes de Jeremy Robert3, desde la geografía, y de María Teresa Oré, desde la sociología.

El COVID-19 ha revelado la diversidad existente entre los países, regiones, culturas y sectores sociales. Indicaciones generalizadas, como lavarse las manos con agua y jabón, mantenerse en sus viviendas durante las cuarentenas y guardar la distancia social, no lograron iguales resultados en todas partes, y menos en el Perú. Enfrentar la pandemia exige tomar conciencia de las diversas vulnerabilidades físicas de las poblaciones amazónicas, quechuas, aymaras, así como de las de la costa, y diseñar estrategias que adapten las orientaciones de cuidado y protección a las características de cada localidad «incorporando a los equipos locales que conocen la realidad de la región, dándoles protagonismo en el rediseño de respuestas regionales», señaló Recuenco.

Esta es una pandemia estrechamente ligada a la globalización y no puede explicarse sin la intensidad de las comunicaciones aérea, terrestre y marítima del mundo de hoy, como lo han demostrado los panelistas. No se puede entender sin analizar la importancia de Wuhan dentro de China y de China dentro de la economía mundial. El COVID-19 viaja con las personas y llegó primero a las ciudades más interconectadas del mundo porque «sigue los mismos esquemas de los flujos comerciales que articulan nuestras redes económicas y de la interacción social en las regiones y en el país», señaló Mesclier.

Esto también se evidenció en el caso de Ica, donde actividades como la agroexportación (que en los meses de marzo a mayo estaban en plena cosecha) hicieron que se desplazaran grandes cantidades de trabajadores sin guardar las medidas de protección sanitarias; a esto se sumó que se mantuvieran los flujos migratorios con Huancavelica, Ayacucho e incluso algunas zonas de la selva central.

La pandemia tampoco puede explicarse, como señaló Recuenco, sin estudiar las epidemias que ya estaban circulando en el mundo y en nuestro país, como el dengue, la chikinguña, la rabia. Por tanto, «saber cómo se mueve la población, sus hábitos, sus costumbres y sus patrones de consumo y desplazamiento, son vitales para enfrentar esta pandemia y diseñar acertadas políticas públicas», acotó Sofía Castro, quien nos acompañó en la última jornada; coincidió en ello Recuenco, a propósito de un estudio realizado en 1998 sobre la expansión del cólera en niños en una comunidad de Ancash.

El COVID-19 ha evidenciado que las grandes desigualdades y problemas estructurales del país siguen estando presentes a pesar del crecimiento económico de los últimos años. Y si bien todos los sectores sociales han sido afectados, las vulnerabilidades de quienes viven en hogares precarios carentes de servicios han llevado a amplios sectores de la población a situaciones críticas. Como lo señala una de las tesis más conocidas de la Gestión de Riesgos: existen condiciones preexistentes antes de que se den terremotos, inundaciones o pandemias. Esto ha llevado a cuestionar las políticas públicas orientadas a garantizar el derecho a la salud, la vivienda, al acceso al agua, a una vida digna.

También ha evidenciado una gran fragilidad de articulación institucional, entre el gobierno central, los gobiernos regionales y diferentes sectores estatales, y de estos con las organizaciones de la sociedad civil, así como una gran debilidad y ausencia de organizaciones sociales.

Respecto a las políticas públicas de agua, se señaló que en este contexto no han sido abordadas en la agenda pública. Roberts presentó algunos estudios sobre las crisis del cólera de 1991 y de El Niño Costero de 2017 para mirar si estas habían introducido cambios relevantes en las políticas y en las condiciones de vida de las personas. Se preguntó ¿qué podemos aprender de crisis anteriores para analizar la crisis actual? Hizo una breve revisión de ambas teniendo en cuenta dos entradas de análisis: las crisis como un hecho fáctico, para ver si hubo políticas implementadas posteriormente que cambiaron las condiciones de vida de las personas, y las crisis como una construcción social que conlleva un discurso y una retórica que justifican cursos de acción.

Una mirada a estos procesos le ha permitido identificar discursos que han enfatizado que la principal manera de enfrentar las nuevas crisis hídricas se solucionarán con grandes infraestructuras, lo que justifica que se hagan nuevas inversiones; que el levantar los problemas de conflicto de uso urbano vs agrícola e industrial ha llevado a que se generen nuevas regulaciones para el uso de los acuíferos; y que mensajes que inciden en el desperdicio de agua por despilfarro o conexiones clandestinas, llevan a un discurso que enfatiza sincerar el costo en la tarifa.

Durante este tiempo de pandemia, el tema de las políticas de agua y el derecho de todos los ciudadanos a acceder al agua de calidad, condición básica de la vida, no ha estado presente en el debate con el énfasis y preponderancia que se requiere. Es necesario retomar el debate que se dio en el marco de la discusión de la Ley de Recursos Hídricos (2009), sobre si se debe considerar el agua como un recurso productivo, y por tanto un bien económico, o es un bien común. En la ley, ganó el concepto del agua como bien económico.

Hoy, la crisis sanitaria del COVID nos plantea nuevamente el tema y exige que se reabra el debate, porque el agua debe ser considerada un bien común indispensable para garantizar la salud y el bienestar de todos.

[1] Doctor en Salud Pública, profesor en el Departamento Académico de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

[2] Doctora en Geografía, ex directora del Instituto Francés de Estudios Andinos.

[3] Doctor en Geografía, investigador del Instituto Francés de Estudios Andinos.


VIDEOS DEL EVENTO:

Sesión 1 – 17 de julio: Expositores: Sergio Recuenco (UNMSM), Evelyne Mesclier (IFEA).

Sesión 2 – 31 de julio: Expositores: María Teresa Oré (INTE-PUCP), Jeremy Roberts (IFEA), Comentarista: Sofía Castro (INTE-PUCP).

«Los puntos de vista expresados en las columnas de opinión publicadas en esta página web son de estricta responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente la opinión del INTE-PUCP».

 

 

 

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